La droga estaba camuflada en frascos de chocolate, enlatados de néctar de mango, estructuras de maletín y en el doble fondo de cajas de cartón. Eran 2 652 gramos de cocaína y en correos paralelos debían salir a Holanda y España.

En el aeropuerto de Quito hubo otro decomiso similar. Agentes encubiertos confiscaron 2 780 gramos de cocaína que dentro de maletas debían llegar a España y a República Dominicana.

Estas incautaciones se difundieron ayer en la Dirección Antinarcóticos de Pichincha y lo hicieron un día después de que las Fuerzas Armadas volvieran a alertar de las amenazas que el narcotráfico y el crimen organizado representan para el país.

En el Gobierno hay preocupación por estas redes ilegales al punto de que el 27 de febrero último, el ministro de Seguridad, Homero Arellano, pidiera a Fuerzas Armadas “la patriótica participación” en la lucha en contra de estos hechos. Ese pedido verbal que lo hizo ante las tropas de la Escuela Militar Eloy Alfaro ya consta en el Plan de Seguridad Integral que el Gobierno presentó el 14 de diciembre del año pasado.

Allí, el Gobierno establece que para el 2013 la Política de la Defensa admite “el empleo racional de FF.AA. para enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad”.

Esta posición coincide con el informe de responsabilidad social que el 27 de febrero pasado presentó el Ejército y en el que se dice que de llegarse a una violencia extrema producto del desbordamiento del narcotráfico, el Gobierno se vería obligado a “tomar medidas como la intervención de FF.AA., en donde el esfuerzo principal lo llevaría el Ejército”.

En el Plan de diciembre se dice también que “gracias a la ejecución de proyectos relacionados con la adquisición, equipamiento y preparación”, Fuerzas Armadas están en capacidad de cumplir con las tareas asignadas para que en las fronteras se de protección ante nuevas amenazas.

En la Constitución (art. 158) reza que “la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado”. Y establece como misión de los militares la defensa de la soberanía es integridad territorial.

La Ley de Seguridad Pública establece algo similar. Pero ese 27 de febrero, el ministro Arellano pidió que se deje de pensar “en que el militar está solo para acciones de seguridad en la frontera y el policía para lo interno”.

La decisión del Gobierno, de emplear a las FF.AA. en el combate a las redes transnacionales se produce pese a que en la Asamblea aún no se aprueban las reformas a la Ley de Seguridad Pública, que busca esa posibilidad.

En otra parte del Plan de Seguridad Integral se especifica que las FF.AA. realizarán “operaciones de apoyo al control del orden público contra el narcotráfico, crimen organizado y terrorismo”

En el diagnóstico que en ese Plan se hace del país, en cambio, se asegura que “el accionar de los grupos ilegales armados de Colombia constituye la principal amenaza en la frontera norte”.

El miércoles, en su informe de laborales y de despedida como jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., el general Ernesto González admitió que hay problemas en las fronteras: “La situación de la frontera sur también es compleja. No olvidemos el problema que vive nuestro vecino debido al aumento de las actividades relacionadas con narcotráfico”.

Informes de la Policía revelan que en los tres primeros meses de este año se han decomisado 10,6 toneladas de droga en el país. Es decir, apenas ocho toneladas menos de las 18 incautadas durante todo el 2010 (ver cuadro).